La inhabilitación de María Corina Machado es un retroceso para la democracia en Venezuela, y el gobierno brasileño necesita posicionarse claramente sobre esta cuestión. Al no tomar una posición clara, Brasil genera sospechas de que esté trabajando para fortalecer el gobierno de Nicolás Maduro en América del Sur, como se demostró con la recepción del dictador en Brasilia el año pasado.
Los lamentables comentarios del presidente Lula, como relativizar el concepto de democracia en el caso de Venezuela, trivializar la función de observador electoral de la comunidad internacional llamándolos “scouts” o afirmar que Venezuela tiene más elecciones que Brasil -todas cuestionadas por la comunidad internacional como no siendo libres o justas-, menosprecian el hecho de que todas las elecciones en Brasil son consideradas modelos de transparencia y eficiencia. Sugerir que las medidas tomadas por el sistema judicial venezolano son equivalentes a las medidas judiciales en Brasil es inaceptable, ya que estas sugerencias se basan en argumentos falsos y engañosos.
La situación política en Venezuela sigue siendo objeto de muchos debates y controversias en los últimos años. Las elecciones del 6 de diciembre de 2020 fueron otro capítulo de esta historia turbulenta. Aunque oficialmente se eligió una nueva Asamblea Nacional, el proceso electoral fue ampliamente cuestionado por la comunidad internacional. Entre las principales críticas al proceso electoral se encuentran la exclusión de varios partidos y líderes opositores, que fueron prohibidos de participar en las elecciones o optaron por boicotear. Estas medidas han suscitado dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso, generando cuestionamientos sobre la legitimidad del resultado.
También se ha acusado a las autoridades judiciales de ser cómplices de abusos. La Misión de la ONU en 2021 informó que las autoridades emitieron órdenes de arresto retroactivas para detenciones ilegales, ordenaron rutinariamente detenciones preventivas, mantuvieron detenidos sobre la base de pruebas frágiles y no protegieron a las víctimas de tortura. Además, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por partidarios de Nicolás Maduro, revisó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo una nueva Corte Suprema cuyo proceso de selección no fue independiente.
Es lamentable que, incluso después de varias semanas desde la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado y otros líderes de la oposición, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aún no se haya pronunciado oficialmente sobre el tema. Como país democrático, Brasil debería defender la libertad y los derechos políticos en Venezuela. Ante esto, es necesario que el gobierno brasileño reconsidere su postura frente a medidas antidemocráticas como esta, que deben ser combatidas de inmediato, independientemente del plazo electoral.
La justificación del Itamaraty de que es prematuro posicionarse ahora, dado que las elecciones aún están lejanas, es insuficiente. Es momento de que Brasil, un país orgulloso de su tradición democrática, defienda la libertad y los derechos políticos en Venezuela, demostrando que está comprometido con la defensa de la democracia y los derechos humanos en el país. La justificación de neutralidad es inadecuada; es importante que Brasil sea imparcial en el caso de Venezuela, algo que no queda claro ante las declaraciones y el apoyo del Gobierno Brasileño a la cleptocracia liderada por Nicolás Maduro.
Palmarí H. de Lucena